El pasado 23 de
abril de 2014, seis días después de la muerte del Premio Nobel de
Literatura Gabriel García Márquez, publiqué el artículo “El archivo de
Gabriel García Márquez: anotaciones para un proyecto de repatriación”,
en el que llamaba la atención sobre el hecho que, más allá de los
bustos, homenajes y ceremonias oficiales conmemorativas, había que
pensar seriamente en que el gobierno de Colombia comprara, con recursos
públicos, el archivo de García Márquez a sus herederos, ante la posible
compra por instituciones internacionales. En últimas, ese era el
mejor homenaje posible: rescatar y difundir la memoria de Gabo no
mediante discursos y burocracia conmemorativa, sino con hechos concretos
como la adquisición, repatriación y conservación de su archivo personal
en la misma tierra que decretó su expulsión.
I.
En términos generales, para la opinión
pública es común creer que las personas que tuvieron una posición
privilegiada (económica, social o intelectual) deberían, por principio,
regalar sus bienes al Estado, es decir, deberían construir (con su
propio dinero) vías y acueductos para sus pueblos de origen, como si
esto no fuera responsabilidad del Estado. Efectivamente, a la mayoría de
intelectuales se les exige “hacer algo” por su país, entendiendo ese
“algo” como construir hospitales, colegios y universidades públicas,
olvidando que entregar la vida a la cultura y darle brillo al arte, la
historia o la literatura, además de buen nombre al país, es hacer mucho
más que “algo”.
La creencia popular de que el
intelectual debe regalar su patrimonio (como si ser intelectual no
implicara, al menos en principio, un acto de renuncia), aplica de forma
especial cuando hay patrimonio cultural en juego. A pesar de no existir
una Ley de Mecenazgo en Colombia, es común asumir que los intelectuales,
al momento de morir, deben olvidarse de su familia y entregar, en su
último gran acto público de renuncia, su patrimonio al pueblo, sin
ninguna condición, en contraprestación por lo que el país, dicen
algunos, “les ha brindado”. Al intelectual se le pide que
ingrese, en un gesto heroico, al centro del circo romano y se entregue
por completo a las fieras, que terminarán de despedazar hasta el último
gramo de su cuerpo.
En esta misma línea, los encargados
tradicionales de la cultura (tal vez, con excepción del Banco de la
República), han creído que “negociar” un archivo literario o una
colección de arte es ir donde el dueño y decirle "oiga, queremos su
archivo, ¿me lo regala?", así este “regalo” sea el patrimonio más
valioso y la única herencia de su propietario. Lo curioso es que,
después de la propuesta, casi siempre hecha de forma arbitraria y
ofensiva, el mismo Estado desaparece por completo. Por ejemplo,
tengo que recordar cuando, hace unos años, ayudé a ofrecer en donación
al Museo Nacional (institución del Ministerio de Cultura) una biblioteca
de historia surcolombiana con seis mil libros, la mayoría sin copias en
el Museo, una biblioteca dejada por un historiador fallecido.
Aunque inicialmente el Museo Nacional mostró interés, después de la
atención inicial, el Ministerio desapareció y ni siquiera envió una
carta a los donantes para establecer el camino a seguir. Un largo
silencio fue más que suficiente para espantar a los herederos.
No es un episodio exento, así ha actuado
el Ministerio de Cultura en repetidas ocasiones, y por eso la política
colombiana de patrimonio mueble es un asunto complejo, espinoso y que
despierta suspicacias en los propietarios de patrimonio artístico,
bibliográfico o documental, quienes habitualmente prefieren trabajar con
instituciones como el Banco de la República o el Archivo de Bogotá, más
eficientes en la gestión, o simplemente vender sus bienes fuera del
país, porque las instituciones del Ministerio de Cultura no dan abasto,
ni siquiera para velar por el archivo particular del único Nobel que ha
tenido Colombia.
Cualquier negociación es un proceso que
excede una “conversación” informal (como la que habría tenido la
directora de la Biblioteca Nacional con la familia de Gabo), es un
proceso largo que implica voluntad política, seguimiento, presupuesto,
conocimiento, inventarios actualizados, avalúos individuales, alguien a
cargo permanentemente y dinero para comprar la colección en cuestión.
Esta lección la ha entendido claramente la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, mientras que, el Ministerio de Cultura,
históricamente, se ha hecho el de la vista gorda.
Llevando lo anterior al tema del archivo
de Gabo, es necesario recordar que el Ministerio de Cultura afirmó, en
un comunicado de prensa del 24 de noviembre de 2014 (escrito luego de un
derecho de petición con varias preguntas enviado por mí una hora
antes), que a finales de 2013 envió como delegada a Consuelo Gaitán,
directora de la Biblioteca Nacional, para “comunicar a la
familia García Barcha el interés porque el legado del escritor reposara
en Colombia y específicamente en los fondos de la Biblioteca Nacional”.
Ante esta afirmación debemos preguntarle
al Ministerio si ¿existe algún acta del Consejo Asesor de Patrimonio
del Ministerio de Cultura en donde se autorice el envío de esta
delegación y se evidencie el interés y la discusión patrimonial
sostenida por la entidad para adquirir el archivo? ¿Bajo qué modalidad
propuso el Ministerio de Cultura a la familia García Barcha traer el
archivo al país? Es decir, ¿estaban esperando un regalo de la familia?
¿O hubo por parte del Gobierno de Colombia una oferta concreta que
pudiera entrar en competencia con la oferta de la Universidad de Texas?
Responder esta pregunta es clave, porque permitiría establecer si
existió una estrategia real de adquisición por parte del Gobierno
Nacional o si todo fueron palabras, sin mayor formalidad, que terminó
llevándose el aire.
II.
El Ministerio de Cultura, en el mismo
comunicado, “exalta que el archivo literario de la Universidad de Texas
es uno de los más importantes del mundo, puede garantizar su
conservación, así como el uso para fines públicos y de carácter
académico, además valora el prestigio de este centro universitario donde
reposan archivos tan importantes como el del escritor argentino Jorge
Luis Borges y el irlandés James Joyce”.
Entonces, siguiendo este razonamiento,
habría que preguntarle al Ministerio, llevando la noción de patrimonio
más allá del patrimonio documental, ¿si está de acuerdo con que
museos extranjeros adquieran objetos prehispánicos y coloniales, so
pretexto de que van a estar mejor conservados en el Museo de América de
Madrid o en el Metropolitan de Nueva York? Así mismo, si se
tratara estrictamente de un asunto de “conservación” (sin más
consideraciones de índole histórica, patrimonial o simbólica para el
país), valdría la pena preguntar si el patrimonio cultural mueble de
Colombia no estaría mejor conservado en colecciones privadas del
extranjero, es decir, en manos de particulares que compran con su
dinero, valoran, prestan, exhiben, cuidan y hasta digitalizan los
objetos culturales que Colombia deja escapar por los sumideros?
¿La afirmación realizada por el
Ministerio de Cultura no sería, un poco, reconocer el fracaso de la
política colombiana de patrimonio cultural mueble y el fracaso de las
instituciones nacionales de la cultura a la hora de gestionar y trabajar
con colecciones privadas?
III.
La página en Facebook de la Biblioteca
Nacional publicó el 24 de noviembre, en horas de la noche, un escueto
comunicado de prensa procedente de la familia García Márquez (sin firmas
manuscritas, sólo con la impresión “Mercedes, Rodrigo y Gonzalo”) en el
que se afirma: “nosotros decidimos que el archivo de los
documentos literarios y del correo fuera al Centro Harry Ransom, por ser
uno de los lugares que hace este tipo de archivo y preservación de
documentos mejor que nadie”. Sin embargo, ningún miembro de la
familia dice, en el comunicado, el porqué de esta decisión, y si, de
hecho, la venta a Texas se debió a la falta de interés del gobierno de
Colombia. En una entrevista anterior, la familia García Barcha afirmó
claramente que no recibieron ofertas del Gobierno y que a esto se debió
la decisión de vender el archivo a la Universidad de Texas.
IV.
Resulta paradójico que, mientras se
entregaba el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, dotado con 100.000 dólares de premio, Colombia concretó la pérdida, casi
el mismo día, el archivo particular de Gabriel García Márquez, el
legado más importante del escritor, ante la falta de ofertas del
Gobierno Nacional, según afirmó la propia familia del escritor.
Entonces, ¿qué parece interesarle más al Gobierno? ¿La sonoridad
internacional que dan los premios literarios cargados de dinero o la
investigación y el desarrollo cultural de Colombia (a partir de las
fuentes primarias que dejó su expatriado y perseguido escritor
insignia)?
Ningún libro gratuito y ningún premio
literario saldará la pérdida del archivo, una pérdida a perpetuidad, que
ya tiene visos de convertir al gobierno actual en heredero de la
tradición inaugurada por el ex presidente Carlos Holguín, quien, bajo su
gobierno, entregó a España el Tesoro Quimbaya, la pérdida patrimonial
más grande que recuerde Colombia, que se suma a otros archivos y
bibliotecas que ha dejado perder el país bajo el silencio de la
Biblioteca Nacional, como la biblioteca particular de Bernardo Mendel,
tal vez, la biblioteca privada latinoamericanista más importante del
mundo en su época, adquirida por la Biblioteca Lilly de la Universidad
de Indiana en la década de 1950.
V.
¿Cuántos archivos privados (literarios,
científicos o históricos) ha repatriado el Ministerio de Cultura en toda
su historia? ¿Cuántos durante los últimos seis años? ¿Qué papel juega
la recuperación de los archivos privados de expatriados e intelectuales
(especialmente, los de izquierda) en la consolidación del Proceso de
Paz, en el establecimiento de procesos de reconocimiento, justicia y
reparación de víctimas, y por supuesto, en el postconflicto? A
estas alturas, ¿sería posible que el gobierno colombiano iguale la
oferta económica de la Universidad de Texas, bloquee la finalización de
la negociación y el archivo se quede en la Biblioteca Nacional?
Examinar las tendencias históricas en el manejo del patrimonio cultural
mueble, permitiría entender claramente por qué el archivo García
Márquez no quedó en el país para el disfrute, la investigación y la
pacificación de Colombia.
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